Del libro de Vincenç Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, XXX premio Anagrama de Ensayo, Barcelona 2002, pp. 197-198:

 

La Vanguardia publicó el 12 de marzo de 2000 un artículo a raíz de la muerte de López Rodó en  el que ese señor era definido por uno de los articulistas como “arquetipo de la derecha civilizada”, artículo acompañado por otro en el que uno de sus consejeros económicos, el profesor Fabián Estapé, mostraba como ejemplo de tal comportamiento civilizado que durante el período en que López Rodó fue ministro –de 1965 a 1973- no se fusiló a nadie, atribuyendo el hecho a su influencia. Sería de desear que tales articulistas de La Vanguardia fueran más exigentes en la utilización del adjetivo “civilizado”; el hecho de que no se fusilara a nadie durante aquel período no es suficiente condición para merecer tal adjetivo. En ninguna parte de la sección informativa escrita a raíz de la muerte de ese señor se informaba al lector de que, en realidad, López Rodó fue una pieza clave en el régimen dictatorial responsable de actos de represión en los ámbitos en que tuvo ocasión de incidir, que fueron muchos, y que abarcaron desde el mundo universitario hasta las políticas económicas, que también adquirieron dimensiones represivas.

 

En el mundo académico, por ejemplo, un joven López Rodó actuó de manera clave en las purgas del ámbito intelectual y universitario, eliminando el famoso Instituto Libre de Enseñanza, uno de los centros intelectuales más importantes de España, y sustituyéndolo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a pesar de su nombre fue un centro de un gran sectarismo orientado a controlar la academia española, incluyendo el conocimiento económico, lo que explica que incluso hoy gran número de las instituciones y revistas económicas estén controladas por profesionales de la nomenclatura franquista. Este organismo contaba con la colaboración del sindicato fascista universitario (SEU), establecido a imagen de los grupos fascistas estudiantiles italianos, que tuvieron una misión policial además de ideológica. Todo docente y estudiante tenía una ficha en la que el apunte de cualquier desviación de la ortodoxia oficial era motivo de expulsión o marginación del mundo académico. Esta campaña fue dirigida por el catedrático Albareda, del que fue ayudante principal López Rodó. Su objetivo era crear una universidad vaciada de cualquier contenido liberal y progresista.

 

El “civilizado” de López Rodó fue también el que siendo miembro de la Comisión Permanente de las Cortes, aprobó la ley de 2 de diciembre de 1963 (tras previa oración al Espíritu Santo por el Excelentísimo y Reverendísimo Patriarca de las Indias Leopoldo Eijo y Garay), dictada después del asesinato de uno de los líderes de la resistencia democrática antifranquista, Grimau, estableciendo el temible Juzgado y Tribunal de Orden Público, que funcionó hasta el último año de la dictadura y que era pura licencia para la tortura, asesinato, eliminación o expulsión de los miembros de la resistencia democrática antifranquista, como bien documentan Nicolás Sartorius y Javier Alfaya en su excelente libro sobre la dictadura de Franco, La memoria insumisa, del que he extraido estos datos.