El juez no acepta rebajar las penas en el caso Gaztelueta.- Aloevera
Fecha Friday, 10 June 2016
Tema 100. Aspectos sociológicos


Publicado en DEIA

 

presunto caso de abusos sexuales

El juez rechaza el recurso que rebajaría las penas en el ‘caso Gaztelueta’

El magistrado declara caso complejo y las diligencias previas se alargan 18 meses

Leioa - El juez instructor del caso Gaztelueta desestima el recurso de reforma presentado por la Fiscalía, que implicaba una rebaja de pena para el acusado de cometer presuntos abusos sexuales sobre un menor. Así, el magistrado se reafirma en que existen agravantes en los hechos denunciados, lo que conllevaría una condena de hasta diez años de prisión. Además, Emilio Lamo de Espinosa ha declarado la causa compleja, por lo que la fase de instrucción se amplía 18 meses más, un plazo en el que el juez espera recibir el expediente de la investigación ordenada por el Papa para incluirlo en el procedimiento.

El instructor, con un nuevo auto emitido el pasado 3 de junio, insiste en que el exprofesor del colegio de Leioa debe ser juzgado teniendo en cuenta, entre otros, un artículo del Código Penal que acarrea agravantes. En este sentido, el magistrado habla de “indicios concretos” y alude para ello a cuestiones como el informe pericial elaborado por las integrantes de la Unidad Forense de Valoración Integral del Instituto Vasco de Medicina Legal -que constata que el joven no miente- y la propia declaración de la víctima ante estas médicas. De esta manera, el responsable de las diligencias previas rechaza la postura de la fiscal, que percibía otro encaje jurídico de los hechos que reducía la posible pena al docente. De todos modos, aún cabe apelación ante este nuevo auto judicial. “El juez instructor califica los hechos con un tipo penal y la fiscal cree que se tiene que aplicar otro”, explicaban a este periódico fuentes judiciales, que también matizaban que el Ministerio recurría el auto “por un tema técnico y no por el fondo”.

Por otro lado, el magistrado ha decretado la “instrucción compleja” del caso, por lo que esta fase previa a la vista oral se incrementa en 18 meses “sin que ello implique que practicadas las diligencias pendientes, la instrucción finalice a la mayor brevedad posible, sin necesidad de que se extienda al plazo de dos años y medio señalado”, refleja Lamo de Espinosa en su escrito. Y es que el juez aboga por incluir en el procedimiento el expediente de la investigación ordenada por el Papa y llevada a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe; por eso, opina que la instrucción aún no puede darse por finalizada. Aparte, también están “en trámite el recurso subsidiario de apelación y en plazo la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el auto que resuelve la reforma”, establece el auto. Estas circunstancias: el hecho de que hay diligencias de investigación pendientes y de que haya un periodo de presentación de recursos han llevado al juez a decretar la “complejidad de la instrucción”.

Informe canónico ya pedido El expediente sobre el juicio canónico que mandó abrir el Pontífice ya entró en juego en los meses de indagación para la apertura o no de juicio oral, puesto que ya fue solicitado y no se recibió. Ahora, desde la vía jurídica se vuelve a remitir un recordatorio al Ministerio de Justicia-Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional “a fin de que pueda cumplimentarse la solicitud de copia del expediente incoado a raíz de la investigación ordenada por el Papa Francisco”, tal y como recoge la providencia, obra también de Lamo de Espinosa.

La Congregación para la Doctrina de la Fe archivó la causa y aseguró que “los hechos denunciados no han sido probados”, tras una investigación “plagada de irregularidades”, según denunció la familia del joven, que en ningún momento ha podido ver el informe canónico que solicita de nuevo el juez instructor. “Es un documento fantasma”, afirma el padre del joven. De hecho, la familia se enteró de que la causa había sido archivada solo a través de una llamada del vicario de la diócesis de Bilbao, Ángel María Unzueta. “La notificación es una carta reservada que no se puede hacer pública”, comentaron entonces a este diario fuentes del obispado.

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