El último envío de Antonio Esquivias (20.08.2014) ha sido clarificador de su postura, que considero legítima por completo. No se trata meramente de una cuestión legal acerca de si el posible delito haya prescrito o no, como planteó Eleu (18.08.2014). Se trata de una propuesta política de justicia social que, en mi opinión, debería ser atendida tanto por las autoridades civiles como por las eclesiásticas. Antonio no se mueve en el terreno de los textos jurídicos de derecho laboral ahora vigentes en España, sino que desea abrir un nuevo cauce legal que enmiende en el presente errores cometidos en el pasado. Es cuestión, si he entendido bien, de una valiente voluntad política que busca construir un país más justo.
No sería ésta la primera vez que la reparación de una vieja injusticia se pusiera sobre la mesa de negociaciones políticas. Recuerdo que, en los años 90 del siglo pasado, durante los gobiernos socialistas de Felipe González, la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno del Reino de España llegaron a un acuerdo para que el Estado reconociera los efectos civiles de los títulos académicos eclesiásticos. Este reconocimiento civil por parte del Estado de los títulos eclesiásticos se hubiera podido tramitar en los años del franquismo porque el Concordato de 1953 preveía esa posibilidad, pero, por razones que ignoro, la España nacional-católica se olvidó de llevarla a cabo. Hubo que esperar a que los socialistas en el Gobierno de la nación, de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos internacionales de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, tuvieran la voluntad política de acometer ese importante trámite de homologación de títulos.
Con esta medida resultaron beneficiados en los años 90 muchos sacerdotes secularizados que no disponían de títulos académicos civiles para encontrar un puesto estable de trabajo. A partir de entonces, muchos ex clérigos pudieron regularizar su situación laboral y profesional por serles reconocidos civilmente sus estudios eclesiásticos. De hecho, esos sacerdotes secularizados se habían movilizado para solicitar del Gobierno que cuanto antes se solucionara su absurda situación de “limbo” laboral, lo que se logró mediante el Real Decreto 3/1995 de 13 de enero, que ha sido años más tarde derogado y sustituido por otros para finalmente adaptarse a las normativas del Espacio Europeo de Educación Superior con el Real Decreto 477/2013 de 21 de junio.
Me parece recordar –pido disculpas, si me traiciona la memoria– que el entonces decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, don José Luis Illanes, y decanos de otras Facultades Teológicas recibieron de la Conferencia Episcopal el encargo de estudiar y gestionar, de acuerdo con el Ministerio de Educación y Universidades, los procedimientos necesarios para conseguir la homologación de los títulos eclesiásticos por parte del Estado. Es significativo que un sacerdote numerario de la prelatura personal, Illanes, se implicara en una gestión que acabaría beneficiando a numerosos sacerdotes secularizados, con cuyos representantes supongo que dialogaría alguna vez en el curso de la tramitación. Illanes no aplicó el criterio de dejar que el traidor Judas se ahorcara de un árbol cargado de rejalgar, sino que trabajó para que ese suicidio por desesperación no se produjera, reconociendo que aquellos ex clérigos merecían ser tratados con la debida justicia social en atención a su dignidad humana.
Antonio Esquivias solicita que tanto el Estado español como la Conferencia Episcopal busquen la solución a un problema de justicia social más o menos análogo al problema que se resolvió satisfactoriamente en los años 90 del siglo pasado. Se trataría de reparar un error u olvido que durante largo tiempo se cometió en una institución de la Iglesia: no haber cotizado a la Seguridad Social por el trabajo que una serie de personas realizó en labores internas del instituto secular Opus Dei y de la prelatura personal Opus Dei, de donde se derivan para ellas graves perjuicios económicos con motivo de la jubilación. La solicitud de Antonio debería ser tenida en cuenta. Revisar y subsanar viejos errores es un avance en el proceso de humanización de la sociedad, y por eso me congratulo de que el profesor Illanes haya aportado su grano de arena para hacer de España un país menos talibán y más digno.
Illanes en su momento y Esquivias en la actualidad marchan en la misma dirección. ¡Cuánto me gustaría ver que se hiciera realidad la reivindicación de Antonio Esquivias y así congratularme de que España avanza todavía más en la ruta de la justicia y de la dignidad!
Josef Knecht
