“Servir a la Iglesia como Ella quiere ser servida” (VIII)
Ana Azanza
Antes de seguir con si viene o no viene Casaroli a España, visita que Tarancón consideraba de lo más inapropiada porque era un “puenteo” del gobierno español a la conferencia episcopal, quiero aludir a un conflicto que duró hasta la muerte de Franco.
Se trata de las vacantes de las diócesis españolas. En tiempos de la dictadura se estableció un complicado proceso en el que la nunciatura presentaba unos candidatos a los que el gobierno debía dar el visto bueno...
Dice Tarancón que el Gobierno español quería promocionar a algunos candidatos que no eran aceptados por los obispos ni por la Santa sede y recelaba, por principio, de todos los nombres que presentaba la nunciatura. Antes de aceptar la sexena que el nuncio presentaba, el gobierno pedía informes a los gobernadores civiles, a los jefes de Falange y en no pocas ocasiones, a los puestos de la Guardia civil.
Por sorprendente que pueda parecer en aquellos tiempos miembros de esos grupos nombrados así como de la policía se dedicaban por encargo de la administración franquista a examinar libreta en mano las homilías de los curas. Cuando se escuchaba algo ofensivo o “cuasi” para el régimen político el cura corría el riesgo de ser denunciado y de que se le impusiera una multa por el sermón “antipatriótico” o “por hereje”. Algunos curas se negaban a pagar de ahí que el Estado pasara a mayores.
Aquellos gobiernos franquistas poblados de ministros del Opus Dei se vieron en la obligación de habilitar un pabellón en la cárcel de Zamora para curas díscolos. Hubo muchos inquilinos vascos en dicho apartado de la prisión zamorana. Y este tipo de preso tan especial planteó nuevos problemas a los obispos españoles en los que ahora no voy a abundar.
Berlanga, el director de cine español, debería de haber introducido este episodio en alguno de sus guiones.
La cuestión era la de la provisión de vacantes episcopales. Muchos nombres de posibles candidatos fueron borrados de la sexena tras informe de la guardia civil. Era evidente que la provisión era mucho más lenta cuando el gobierno estaba disgustado por alguna intervención de la jerarquía española o porque no acababa de conseguir de la Santa Sede algo que le interesaba. Era un arma para presionar al Vaticano. La Santa Sede hubo de aceptar en más de una ocasión a obispos que no eran los más adecuados por edad o por otras causas, pero era la única forma de suavizar el conflicto.
La orfandad de la diócesis se hacía notar en el pueblo fiel que se sentía castigado y en todos los católicos que no acababan de comprender esta conducta. Los obispos estaban molestos porque los curas contestatarios utilizaban este argumento para probar la sumisión de la Iglesia al poder civil.
Cito a Tarancón:
“Mucha gente creía que era el mismo Franco el que ponía esas dificultades. Yo puedo asegurar que no era así. En dos ocasiones tuve que hablar yo con el Jefe del Estado porque existían varias diócesis vacantes y no se veía la posibilidad de proveerlas, y las dos veces noté el disgusto que esto le producía. Por su intervención, se solucionó rápidamente el problema.
Y lo más gracioso del caso es que los ministros que actuaban más duramente en este aspecto eran los más piadosos: Gregorio López Bravo y Laureano López Rodó, que eran los del Opus Dei, y Antonio María del Oriol, que era de comunión diaria. Lo hacían, a decir de ellos, por defender a la Iglesia; claro, que querían defenderla contra el Papa y contra la jerarquía española; cosa asombrosa desde luego.”
Tarancón justifica esta conducta por la simbiosis que siempre había existido en España entre el poder político y la Iglesia. El poder político se creía en el deber de proteger la Iglesia, porque identificaba cristianismo con patriotismo, y exigía que la Iglesia defendiese siempre al estado.
El episcopado español había subrayado el carácter de cruzada religiosa de la guerra civil y no pocos católicos se sentían obligados a defender el Régimen resultado de la victoria guerrera como un deber de conciencia.
Los políticos católicos estaban desconcertados por el rumbo que tomaba la Iglesia después del Concilio. Creían sin duda que era desacertada. Por eso se creían obligados en conciencia a defender a la Iglesia contra ella misma.
Hasta tal punto alegaban razones eclesiales los ministros piadosos que en una de sus conversaciones ministeriales Tarancón hubo de recordar a su interlocutor: “No olvide señor ministro que el obispo soy yo. Usted puede alegar razones políticas, no eclesiales. Estas debo utilizarlas yo, de acuerdo con la Santa Sede.”
La desconcertada es la que esto escribe: ¿No habíamos quedado en que el Opus Dei se adelantó al concilio Vaticano II? ¿En qué quedamos? ¿En qué momento empezó el Opus Dei a ser precursor del Concilio? ¿Antes o después de estos acontecimientos?
Tarancón añade una nota que entre tanta razón eclesial y sobrenatural se había quedado en el tintero:
“Ellos usaban ese arma de retrasar, en lo posible, las provisiones de la diócesis para demostrar su disconformidad con la línea que seguía la Santa Sede en el nombramiento de obispos. También hay que confesarlo, tal vez para defender sus intereses económicos que estaban vinculados al Régimen. Y éste encontraba en la Iglesia tal como ellos querían un fuerte apoyo.”
(Continuará)
Ana Azanza
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