Quisiera terciar en el breve diálogo que Gaudi y Agustina (en su nota tras lo escrito por Gaudi) mantuvieron el pasado 27.10.2010 acerca de los seis decretos que el prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, promulgó hace unos diez años y que tratan de aspectos jurídicos de la prelatura personal del Opus Dei. Esos decretos prelaticios son fundamento del derecho de la prelatura personal del Opus Dei, junto con la Constitución Apostólica Ut sit del 28 de noviembre de 1982 y junto con los actuales Estatutos. En teoría, deberían ser documentos públicos, como bien afirma Gaudi.
En cierta ocasión oí hablar de esos decretos, que, según se me informó, se pueden consultar en las sedes de las Comisiones Regionales y de las Delegaciones del Opus Dei. Es decir, si un miembro de la Obra desea consultar alguno de esos decretos movido por el buen espíritu y no por curiosidad malsana, los directores le permiten acceder a ellos: ese miembro del Opus ha de desplazarse a la sede de su Comisión Regional o de su Delegación y allí puede leerlos. Supongo que a un especialista en Derecho Canónico también le facilitarán la lectura de esa documentación, habiéndose previamente asegurado del buen espíritu de ese especialista, y siempre que éste sepa que tales decretos existen y que sólo en esas sedes se pueden leer. En este sentido esos decretos son públicos.
Ahora bien, me pregunto por qué esos seis decretos no se publicaron en su debido momento en la revista Romana, que es el boletín oficial de la prelatura del Opus Dei. Los boletines oficiales, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, están previstos para ser el cauce de publicación de ese tipo de decretos, que son –o deberían ser– documentos de veras públicos, y no semipúblicos o, mejor dicho, semiocultos, como actualmente esos seis decretos son: ¿cuántos especialistas en Derecho Canónico saben de su existencia y los comentan en sus estudios jurídicos? Ni siquiera los propios canonistas del Opus Dei los mencionan en sus libros y publicaciones. En cambio, cuando un ciudadano español desea consultar un decreto ley promulgado por el Ministerio de Cultura, acude al Boletín Oficial del Estado (BOE) y lo lee; no es necesario que viaje a Madrid para consultar en la sede del Ministerio de Cultura un real decreto ni tampoco hace falta obtener el permiso del ministro o de su secretario para poderlo leer. En las diócesis de la Iglesia Católica también se editan boletines diocesanos, en los que se publican los decretos del obispo, de modo que los fieles pueden leerlos ahí sin necesidad de pedir permiso expreso al obispo o a su secretario ni de desplazarse al palacio episcopal para consultarlos.
Poco tiempo después de que el Opus Dei fuera transformado de instituto secular en prelatura personal (noviembre de 1982), una de las pocas novedades que se introdujeron en el Opus fue la edición del boletín oficial Romana, que no existía cuando el Opus Dei era instituto secular. Curiosa y paradójicamente, los seis decretos del prelado acerca de la naturaleza jurídica de la nueva prelatura no se han publicado en ese boletín oficial. ¿Para qué existe, pues, Romana? ¿Tal vez para que el Opus Dei, revestido de su nuevo “traje a medida” de prelatura personal, se asemeje formal y externamente al funcionamiento de una diócesis? Tal vez sea eso, una operación de maquillaje o de cirugía estética, pero recordemos que todos los decretos episcopales se publican en los boletines oficiales diocesanos y que en las diócesis no se recurre al complejo procedimiento de incomodar a los fieles obligándolos a acudir a la sede del obispado para consultar tales decretos y de asegurarse previamente de que tienen buen espíritu para dejárselos leer.
Sus razones tendrá el actual prelado del Opus Dei para obrar de esa manera tan peculiar: probablemente sea el único mandatario de la historia de la humanidad que se haya censurado la publicación de sus decretos en su propio boletín oficial. Reconozcamos por enésima vez que en el Opus Dei suceden cosas muy raras.
Josef Knecht
