La Católica cumple 90 años de vida el próximo 24 de marzo. Pero los preparativos para la celebración se han visto en alguna medida perturbados por un nuevo intento de injerencia del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, en los destinos de la universidad. Aquí el último capítulo de este singular enfrentamiento.

Por Luis Arriola

Juan Luis Cipriani abriga el deseo de controlar algún día la enseñanza y la administración de la Universidad Católica. Desde que en los estertores del fujimorismo, fue nombrado gran canciller de dicha casa de estudios (título honorífico que la PUCP da al arzobispo de Lima), libra una terca pugna con las autoridades académicas. Un nuevo capítulo de este conflicto se ha desatado en las últimas semanas. Y la chispa que ha encendido nuevamente las iras del cardenal es la venta de un terreno de la universidad, situado en la urbanización Pando, en San Miguel, donde actualmente funciona un conocido colegio. Ahora la Iglesia reclama la propiedad de dicho predio en cuestión.

A mediados de febrero, el abogado Walter Muñoz Cho, miembro de la Junta de Administración de la herencia de José de la Riva-Agüero, envió dos cartas a Luis Guzmán Barrón, rector de la PUCP, para advertirle que no fue consultado antes de la venta del terreno que, según él, es propiedad de la iglesia católica.

Es pertinente precisar que, en su testamento, el historiador José de la Riva-Agüero donó varios terrenos a la universidad entre los que figura el fundo Pando y el predio que acaba de ser vendido.

La respuesta de las autoridades académicas no se hizo esperar. El 6 de marzo último la PUCP interpuso una demanda de amparo contra Muñoz Cho, para que el Poder Judicial proteja los derechos constitucionales de la universidad sobre los bienes heredados de Riva-Agüero y su autonomía universitaria.

Por cierto, Walter Muñoz Cho también tiene otro cargo. Él es Director de la Sindicatura Eclesiástica del Arzobispado de Lima. Es decir, es poco menos que el representante legal del arzobispo, Juan Luis Cipriani.

La herencia

El actual problema entre ambas instituciones tiene su origen en la herencia dejada por Riva-Agüero. Fuentes de la PUCP señalaron que los argumentos legales de Muñoz Cho (del Arzobispado) son endebles porque la herencia señala con claridad que si veinte años después de la muerte del historiador, la Universidad Católica se mantenía en actividad, todos los bienes donados pasaban de manos de la Junta de Administración a ser propiedad definitiva de la universidad.

Riva-Agüero murió en 1944 y, en efecto, veinte años después, en 1964, durante el arzobispado de Juan Landáruzi Ricketts, la Junta de Administración de la herencia acordó que los bienes donados por Riva-Agüero pasaran definitivamente a la Universidad Católica y fueran inscritos así en los Registros Públicos.

El caso se ventila ahora en el Poder Judicial. Y tanto el Arzobispado como la universidad prefieren mantener reserva sobre el tema. Días atrás, un medio local insinuó que la repentina visita que hizo el cardenal Cipriani al presidente Alan García tenía que ver con la búsqueda de apoyo oficialista para tocar las puertas de algunos magistrados claves.

La raíz del problema

La Universidad Católica se ha convertido en las últimas décadas en el principal centro de formación universitaria del país. No es exagerado por eso afirmar que en sus aulas se congregan los intelectuales y científicos más destacados e influyentes del medio. Y si veinte años atrás había un sesgo izquierdista en sus aulas, hoy impera un sano pluralismo entre docentes y estudiantes. Pues bien, para Cipriani y el Opus Dei esta apertura académica no es otra cosa que una especie de eclecticismo decadente que atentaría contra los valores católicos.

Y lo que no perdona el cardenal es que un rector de la Católica (Salomón Lerner) haya presidido la Comisión de la Verdad y Reconciliación y señalado, además, en en su informe final, el papel que jugaron diversos sectores y miembros de la Iglesia durante el conflicto interno.

Otro ejemplo de estas desavenencias entre el arzobispo y la universidad se dio recientemente a raíz de los resultados de una encuesta sobre sexualidad en Lima que difundió el Instituto de Opinión Pública de la PUCP. Cipriani reaccionó con las siguientes palabras en su espacio "Diálogos de fe" que se difunde todos los sábados en RPP Noticias:

"A mí me extrañó (esa encuesta) viniendo sobre todo de la Universidad Católica, porque el tema del sexo y de San Valentín no es un problema cuantitativo... Pueden dar un dato numérico, pero su obligación como (universidad) católica es dar una valoración moral y lo que la Iglesia enseña sobre la institución del matrimonio y la familia. Si no, simplemente estamos tirando piedritas para ver quién está con la mayoría. No hay consensos contrarios a lo que es la ley natural".

El mencionado sondeo revelaba, entre otros datos, que el 52% de los encuestados se mostraba en desacuerdo con la idea de que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Otro dato que probablemente cayó como una bomba en el despacho del cardenal: el 70% creía que antes de casarse las parejas debían convivir.

De otro lado, no es irrelevante señalar, que la PUCP es una universidad que maneja muy bien sus finanzas, dado que posee diversas inversiones. De estas, la que más sobresale tiene que ver con el rubro inmobiliario. Es propietaria de numerosos predios que ha alquilado a cadenas de supermercados, de restaurantes y tiendas por departamentos, como es el caso de Plaza San Miguel. En suma, lo que está en juego en esta pugna no es solo un terreno en San Miguel. El arzobispo Cipriani no ha renunciado a su deseo de hacer de la PUCP una universidad donde el Opus Dei controle desde las cátedras hasta las cuentas bancarias. Ojalá que la última controversia se resuelva sin presiones ni tarjetazos en el Poder Judicial.