Tiene razón Antonio Esquivias cuando afirma que «los derechos laborales de quienes trabajan en labores internas [en el Opus Dei] no están protegidos». Y cuando dice que esos derechos «no se refieren en directo a la fe católica, se refieren al hecho de ser personas y a las necesidades que éstas tienen, y que están condensados en los derechos humanos, derechos que la Iglesia acepta como aplicación del derecho natural»

Por otra parte, es razonable que haya preferido seguir la línea de una petición pública para cambiar esta situación, en vez de acudir a los tribunales (donde, como bien dice, quizás podría aspirar a obtener parte de sus derechos, los correspondientes a los años en que fue sacerdote de la Iglesia Católica; pero, teniendo en cuenta el actual estado de la judicatura española, y la falta de seguridad jurídica que proporcionan nuestros tribunales, podría encontrarse con sentencias contrarias y el correspondiente pago de las costas aun teniendo la razón de su parte).

Toda su argumentación es correcta (la comparación con otras entidades de la Iglesia Católica, el limbo laboral en que se encuentran quienes se dedican a labores internas dentro del Opus Dei al ser formalmente laicos y no religiosos) y su conclusión de que su petición es una causa justa.

Pero es una causa justa en el plano ético. Otra cosa es en el plano jurídico: el propio de un Estado de Derecho. Ahí el significado del concepto causa justa cambia, para referirse a aquello que lo es según lo legal, según lo establecido por el Derecho vigente.

Yo le he apoyado con mi firma en change.org. Porque en el plano ético su petición es justa. En el plano legal es otra cosa.

Pero como lo ético debe influir en lo legal, para que las leyes cambien y se adecuen a lo que es ético; hay otra opción para la petición de Antonio Esquivias.

Puede acudir al Defensor del Pueblo y exponerle su caso. Esta institución lo estudiará y, si procede, efectuará las recomendaciones oportunas a las Administraciones para que se modifiquen las normas y se contemple el caso de quienes, siendo formalmente laicos se dedican durante años a tareas para una entidad religiosa a tiempo completo.

No creo que Antonio, ni 1.000 o 1.000.000 de firmas en change.org puedan cambiar en algo la voluntad de la directiva del Opus Dei.

Pero si creo que él, 1.000 o 1.000.000 de firmas pueden conseguir que el Defensor del Pueblo estudie su caso, y el de tantos ex-numerarios, y si es justo, promueva las recomendaciones oportunas en el campo legal que permita conseguir su petición para tantos que dieron muchos años de su vida al Opus Dei, sin que el Opus Dei siquiera cotizara por ellos en la Seguridad Social.

Eleu