Daniel M. (21.02.2011) desea saber mi opinión sobre unas cuestiones concretas de ámbito jurídico y, en general, sobre qué valor tiene el Derecho Canónico cuando las legítimas autoridades de la Iglesia son las primeras que no lo respetan debidamente (Daniel M. 14.02.2011).

A este respecto puedo comentar que, en circunstancias del todo ajenas al Opus Dei, he contemplado en la historia de mi vida, como testigo cercano, que algunas autoridades eclesiásticas han obrado en asuntos de verdadera importancia de acuerdo a criterios pragmáticos y nada jurídicos; es decir, cuando les ha interesado, se han saltado lo jurídico a la torera o lo han adaptado tendenciosamente. Luego bastante razón tiene Daniel M. en sus quejas. (Puesto que esta página web trata del Opus Dei, no voy a explicar aquí las circunstancias aludidas, porque, como ya he indicado, no se refieren para nada al Opus).

Este modo de obrar, denominado a veces Realpolitik y consistente en anteponer lo pragmático a lo jurídico, puede convertirse en un arma de doble filo: pan para hoy y hambre para mañana. Eso ha pasado ya con los asuntos de pederastia tratados por parte de la jerarquía eclesiástica sin atender debidamente al Derecho Canónico ni al Civil-Penal. Ahora bien, debo advertir que, yendo al fondo de la cuestión, el grave problema que los obispos católicos atraviesan en la actualidad no es meramente jurídico; es un problema de desconcierto espiritual más profundo, cuyos variados síntomas se aprecian, entre otros campos, en su actuación jurídica, a veces muy torpe.

Me pregunta si me parece bien o mal que los obispos españoles no hagan pública la normativa que desde hace poco tiempo están aplicando acerca de la protección de datos en el ámbito de la Iglesia. Que yo sepa, se trata de normas prácticas como las siguientes: 1) no publicar ni exponer en tablones de anuncios de una parroquia listas con los nombres de quienes participan en las catequesis parroquiales, siendo también cautelosos con la exposición pública de fotografías de gente que participa en esas actividades; 2) exigir una solicitud escrita –y no verbal– en la demanda de documentos parroquiales como certificados de bautismo o confirmación o matrimonio, es decir, si alguien pide al párroco un certificado, se lo ha de pedir por escrito, acompañando la solicitud con una fotocopia del documento de identidad, mientras que hasta hace poco tiempo se le solía pedir de palabra sin papeleo burocrático; 3) quien solicite ese tipo de certificados ha de ser el propio interesado y no otra persona, ni siquiera un pariente, en nombre suyo, a no ser que el interesado autorice por escrito a una tercera persona para que le haga esa gestión. Como se puede comprobar, son normas que se aplican también en otros ámbitos (empresas, comercios, notarías, bancos, centros médicos, etc.), ya que han sido reguladas por las autoridades civiles del Estado español para ser aplicadas en todo el territorio nacional.

Respecto a la pregunta planteada acerca de si los obispos deberían dar a conocer a todos los católicos esa normativa, creo que su publicación sería muy conveniente. Actuar con secreteo, opacidad y falta de transparencia daña la imagen de la jerarquía eclesiástica. Publicar esas normas referentes a la protección de datos no plantea problema, pues al fin y al cabo la Conferencia Episcopal Española simplemente adapta a su burocracia leyes del Estado español, ya conocidas.

Josef Knecht