SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN

Los colegios que separan niños por género arremeten contra la Xunta

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El cambio de criterios de Educación para las subvenciones afecta a más de 2.250 alumnos y 100 profesores

JULIO PÉREZ – VIGO. A los responsables de los colegios concertados gallegos que separan a sus alumnos por sexos no les ha sentado nada bien los nuevos criterios que la Consellería de Educación aplicará a partir del próximo curso en el reparto de subvenciones. Primero, por las formas, por enterarse por la prensa de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la orden que establece la reforma de las bases que se aplicaban y que ahora les deja fuera. Y segundo, obviamente, por el fondo, porque exigen el derecho de los padres a elegir educación y porque niegan tajantemente que su sistema suponga una discriminación. Los centros vigueses afectados, Las Acacias, Montecastelo y Aloya, están dispuestos a echar un pulso al Gobierno gallego. Pedirán la renovación del concierto y en caso de que la solicitud sea denegada,, emplearán las medidas que sean necesarias para reclamar lo que creen que les corresponde "por el servicio que aportan a la sociedad". "El profesorado está muy preocupado", cuenta María Martínez, jefa de estudios del Aloya, que sólo admite la escolarización de chicas. "Tendrían que hablar con nosotros para exponernos la situación y evitar la alarma que se ha creado entre los padres de nuestros alumnos y los trabajadores", se queja.

La dirección del colegio vinculado al Opus Dei está decidida a presentar todos los papeles necesarios para seguir recibiendo los fondos de la Xunta. "De lo contrario -explica María Martínez- darían por hecho que no queremos renovar y no es así". De los siguientes pasos a dar en caso de recibir una negativa de Educación, "es prematuro hablar ahora". El centro lo estudiará en su momento, aunque ven prácticamente posible cambiar el sistema de escolarización. "Nuestros resultados son muy buenos, con un porcentaje de 100% de aprobados en Selectividad, sin problemas de convivencia ni disciplina. Es una prueba -añade la jefa de estudios- de que nuestro ideario funciona".

Desde el Aloya consideran que la decisión del departamento que dirige Laura Sánchez Piñón y que el propio presidente Pérez Touriño avanzó tras conocerse el recurso presentado por la CIG contra el sistema de conciertos por la segregación es un ataque "al derecho de los padres" que tienen "como convicción" la educación diferenciada, sobre todo en etapas adolescentes. "La educación no es una batalla y la Administración no debe dar directrices", afirma.

En el caso de este centro, con 250 alumnas, hay hasta 25 profesores que reciben su sueldo de Educación. En Montecastelo y Acacias -que suman más de 1.000 escolarizados "y 10.000 antiguos alumnos-, son 90 los docentes que estarían afectados. "Hay legislación y suficiente jurisprudencia que deja claro que este sistema no supone ninguna discriminación", explica Joaquín Pereira, director de Montecastelo, que sólo trabaja con chicos, y portavoz de ambos colegios. Hace referencia, por ejemplo, a una sentencia de 2006 del Tribunal Supremo que dictamina que la enseñanza separada "no se puede asociar con la discriminación por razón de sexo", o a resoluciones del Constitucional y de la Unesco y que los presidentes de las asociaciones de padres de ambos centros y de los coruñeses de Peñarredonda y Montespiño recordaban ayer. 

"Lo que sí nos preocupa es que la orden es un ataque a todo el sistema de conciertos porque obliga a cubrir primero las plazas en los centros públicos antes de recurrir a los concertados", cuenta Pereira. Los cuatro colegios del Grupo Educativo Fomento -con 2.000 alumnos- iniciarán también los trámites para repetir como concertados y si no reciben las ayudas "tomaremos todas las medidas legales" para reclamar.