Un juez multa con 4.500 euros a abogado por solicitar información sobre pertenencia al Opus Dei

Fuente: España Liberal.

El magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Tarragona, José María Mata de Antonio, ha sancionado con multa de 4.500 euros a un litigante y al abogado, Magí Ribas Alegret, por solicitarle que informara sobre su pertenencia al Opus Dei.

Esta petición tuvo lugar al preparar la recusación, debida a “irregularidades procesales graves y reiteradas” que hacían temer una falta de imparcialidad...

El titular del Juzgado, que se negó a desvelar la información aduciendo el derecho a no declarar sobre ideología, religión o creencias, apercibió con sanciones al abogado y a la procuradora, reputó la solicitud infracción disciplinaria y constitutiva de delito, dando traslado a los colegios profesionales y al Ministerio Fiscal, al tiempo que rechazaba tramitar la recusación donde se investigaran los hechos y, contra la prohibición tajante de la ley, continuó resolviendo.

Ribas Alegret, abogado y activista de derechos humanos, ha recurrido la sanción, la cual no duda en calificar de represalia, instando asimismo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que imponga a jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios, la obligación de declarar sus vínculos con el Opus Dei, cuando resulte necesario en interés de la justicia.

“En este caso, el derecho fundamental al proceso debido por un tribunal independiente e imparcial prevalece frente al derecho de asociación o a la libertad religiosa”, señala. Por otra parte, recuerda en su escrito, la Constitución establece que tanto jueces y magistrados como fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la reunión plenaria de 25 julio 2000, aprobó una propuesta para ampliar dicha prohibición a “organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional”, según algunos vocales, incluyendo al Opus Dei, organización integrista católica con amplia implantación en la Magistratura y la Fiscalía en España.

Sin embargo, Ribas Alegret se muestra a favor de garantías basadas en la transparencia en lugar de soluciones prohibicionistas. “La Constitución proscribe las asociaciones secretas. El secretismo que rodea la pertenencia al Opus Dei –no existe una lista oficial y pública de miembros–, impide que posibles conflictos de intereses del juez, en relación con la Obra, sean conocidos y poder recusar”. Así pues, “asegurar una actuación jurisdiccional independiente e imparcial hace preciso que los implicados, a instancia de persona interesada, declaren sobre su adscripción a esta entidad”.

Y concluye, “la pertenencia secreta de jueces y fiscales al Opus Dei reduce la percepción de independencia e imparcialidad de los tribunales, socaba la seguridad jurídica y la confianza en el sistema legal, perjudicando las inversiones extranjeras en nuestro país”, “el nuevo CGPJ debería adoptar medidas urgentes”.