Para
una memoria histórica no maniquea
Rescatado, 4/07/2016
Durante
los cuarenta años transcurridos desde la Transición democrática, creo que han
sido centenares las veces que en la TV-3 se han emitido documentales que
mostraban las maldades cometidas durante el franquismo. El video “los internados del miedo”
se emitió en sucesivas ocasiones, y así ocurrió con otros muchos
semejantes. En cambio no recuerdo haber
podido ver ni una sola vez un programa sobre los “errores” –utilizando un
término suave, por evitar decir maldades- cometidas bajo los auspicios del
gobierno “republicano”. Expresión incorrecta, porque el gobierno denominado
“Frente Popular” –promovido según las directrices de Stalin- había sido el
primer y principal causante del desprestigio internacional y destrucción del
régimen republicano español.
El
presidente Manuel Azaña había sido el principal responsable de ese error. Para
evitar que volviera a gobernar una coalición entre el Partido Radical de
centro-izquierda (Alejandro Lerroux) junto con el de centro-derecha, La CEDA
(Gil Robles) promovió la coalición del Frente Popular, en el que junto con
diversos partidos republicanos de centro y de izquierdas estaban representados
partidos marxistas –adversarios entre sí- como el PSOE de Largo Caballero (el
llamado “Lenin español”), el Partido Comunista Español (PCE), el POUM (Partido
Obrero Unificado Marxista), la FAI (Federación Anarquista Internacional), etc. Al
poco tiempo Azaña debía estar muy angustiado cuando escribía:
Proliferan por todas partes los comités de
grupos, partidos, sindicatos; de provincias y regiones, de ciudades, incluso de
simples particulares. Todos usurpan las funciones del Estado, al que dejan
inerme y descoyuntado […] Indisciplina, anarquía, desorden, despilfarro de
tiempo, energía y recursos, y un gobierno paralítico.
(Manuel
de Azaña, presidente de gobierno tras la victoria del Frente Popular en 1936,
se lamenta de la dificultad para controlar las manifestaciones revolucionarias
que podían conducir al fracaso final del régimen republicano democrático
parlamentario, OOCC, III, p. 495).
Asimismo
Gil Robles, líder de la CEDA, cuando escribía:
La
convivencia llegó a revelarse como algo imposible. Las diferencias políticas
fueron transformándose en auténticas hostilidades, y cuando ocuparon el poder
quienes propugnaban una política de revancha, España se convirtió en un teatro
de violencias y atropellos, abocado fatalmente a la guerra civil. Los adversarios
terminaron por enfrentarse en una lucha sin cuartel, que sembró el país en
ruinas e hizo correr a torrentes la sangre, no sólo en los campos de batalla,
sino también en la retaguardia de los dos bandos rivales (Gil Robles, 1968, p. 804).
Otros
Frentes Populares –bajo el control directo o indirecto de Stalin-fueron los
responsables de convertir en dictaduras totalitarias dependientes de la URSS,
las anteriormente democracias parlamentarias de Checoslovaquia, Yugoslavia,
Bulgaria, Rumanía, Polonia, etc.
Ana
Azanza veo que ha optado por apartarse del espíritu de la Ley de Amnistía de
1977, que fue el resultado de un pacto de los líderes de todos los grupos
políticos de la Transición, desde Carrillo hasta Fraga, para evitar estar
recordando constantemente el pasado para acusarse de las respectivas maldades
cometidas.
Los
líderes de partidos de izquierdas defendieron con especial interés esta ley (al
fin y al cabo Carrillo, de no hacerse, hubiera acabado peor malparado que
Fraga, por ejemplo). Veamos algunas
frases de esos líderes:
Marcelino
Camacho (PCE): “Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que
hubiera estado nadie. Yo veo que esta
propuesta nuestra será, sin duda, para mí, el mejor recuerdo que guardaré toda
mi vida de este Parlamento”.
Santiago
Carrillo (PCE): “Hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para
siempre”.
Rafael
Arias Salgado (UCD): “Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida
aspiración que jamás ha llegado a echar raíces en la historia de España”.
Si
Ana Azanza considera conveniente prescindir del espíritu de la Ley de Amnistía
de 1977 y considera educativo mostrar a sus alumnos videos o documentos que
muestren maldades o errores cometidos por gobernantes del pasado, parece
recomendable que no siga el modelo ofrecido, por ejemplo, por TV-3 (durante
cuarenta años), a saber:
a) Mostrar constantemente conductas
violentas de algún centro del franquismo, dando pie a que el televidente piense
que esas actuaciones fuesen las habituales en todos los lugares.
b) No mostrar nunca, ni informar, sobre
conductas violentas promovidas o, al menos, consentidas, por el gobierno del
Frente Popular.
Me
limito aquí, escuetamente, a tres tipos de éstas: 1) las checas o cárceles y
centros de tortura del Frente Popular; 2) la persecución religiosa causante de
torturas y muertes de cerca de 7.000 sacerdotes y religiosos y muchísimos más
laicos: 3) Actuaciones contra un régimen republicano con democracia
parlamentaria por parte del líder socialista-estalinista Largo Caballero, para
el logro de una supuesta dictadura del proletariado.
I. LAS CHECAS
Fueron
más de 300, principalmente Madrid, con 220, de las que tengo sus
direcciones. Muy pronto, los dirigentes
del Frente Popular huyeron (con la excepción del admirable Julián Besteiro, que
se mantuvo en Madrid hasta el último momento) a Valencia, donde también se
crearon checas, y a Barcelona, donde se crearon 46.
Una
checa o cheka era una instalación que durante la guerra española utilizaban
los milicianos del bando republicano –especialmente los partidos y sindicatos
de izquierda- para detener, interrogar, juzgar de forma sumarísima y ejecutar a
sospechosos de simpatizar con el bando contrario. Por lo general, eran conocidas por el nombre
de la calle donde se encontraban, o bien por el nombre de quien las dirigía.
Aparte de las que dependían del Estado –como la conocida como checa de Bellas Artes,
más tarde de Fomento, dependiente del Comité Provincial de Investigación
Pública- varios partidos políticos, ateneos, comités, sindicatos u
organizaciones vinculados al Frente Popular o a la CNT disponían de una.
Había
diferencias entre ellas, según que fueran del PSOE, UGT, CNT, Cuarteles de
Milicias, Comités de Investigación o Central, Checas “semiprivadas” promovidas
por delincuentes excarcelados, etc.
En
un porcentaje importante de las checas
se utilizaron métodos brutales de tortura.
De
entre todos los procedimientos de represión política en Cataluña, el de las
checas fue el más cruel e inhumano debido principalmente al refinamiento con
que en ellas se logró la tortura física y psíquica de las víctimas. Nunca en España se había llegado a unos
extremos de sadismo y crueldad como aquellos.
Las matanzas y los tristemente famosos “paseos”, fruto del bárbaro
espíritu revolucionario, habían sido brutales, pero esa lenta agonía que
revestían los sistemas de tortura de las checas, era algo que hasta la
influencia de los métodos soviéticos, no había tenido lugar (Palomar Baró, 2007).
En
una primera etapa (julio 1936 a mayo 1937) estuvieron dirigidas por miembros de
la CNT-FAI y las “patrullas de control”, dependientes del NKVD. En una segunda etapa pasaron a ser
controladas por el SIM (Servicio de Investigación Militar).
Selecciono
algunas características concretas de las checas, mencionadas en la entrevista
que le hizo Víctor M. Amela en La
Vanguardia (19-07-2005) al historiador César Alcalá, del cual dos tíos
suyos acabaron torturados y asesinados en checas.
La
checa consistía en “una celda cerrada del todo, sin barrotes, muy estrecha,
verdadera cámara de tortura”.
De
las veinte de Barcelona la peor era la de la calle San Elías: “Era el apeadero
del matadero: desde allí se les llevaba a la Arrabasada o a los cementerios de
las Corts o Montcada i Reixac para tirotearles [...]”
Pasaron
por ellas miles de catalanes, la mayoría sólo por ser católicos practicantes, o
tener una imagen religiosa en su casa.
“Algunos pasaban semanas encerrados, a otros los torturaban... y
enloquecían”. De los 8.352 ciudadanos
catalanes que fueron asesinados en Cataluña, muchos pasaron previamente por las
checas. No se puede entender ni
justificar que el presidente Companys permitiese estas torturas y crímenes.
“Entre
las torturas utilizadas estaban: hierros candentes, picanas eléctricas en los
genitales, levantamiento de uñas, palizas, ahogamientos con agua,
mutilaciones... ¡Y el diseño de las checas ya era una tortura”.
Consistían
en “cubículos de 2x1,5 metros de planta y 2 metros de alto, con un camastro de
obra con una inclinación del 20%. Si te
dormías, caías al suelo. Y el suelo estaba
erizado de una serie de tochos que obstaculizaban los pies si intentabas
caminar. Además, las paredes se
calafateaban de alquitrán por fuera y por dentro, con lo que el bochorno era
sofocante. Y en una de las paredes se
pintaban dameros, espirales, líneas y círculos con el fin de marear al preso.”
En
ocasión de hacerse cargo de la dirección de las checas –desde mayo de 1937
hasta abril de 1939- el estalinista Alfonso Laurencic, al frente del Servicio
de Investigación Miliar (SIM), se incrementaron las persecuciones y crueldad de
las torturas en las checas, y matanzas.
En
la etapa primera también fueron torturados y asesinados los izquierdistas
anarquistas o trotskistas (del POUM) que no seguían la línea comunista
estalinista. De los 8352 ciudadanos
catalanes asesinados, 2.039 eran sacerdotes o religiosos.
En
la checa de San Elías, un hombre fue descuartizado y dado de comer a los
cerdos. A unos novios a los que
sorprendieron el día de su boda religiosa los detuvieron y mataron junto al
cura.
Concluiré
citando unos párrafos de Eduardo Baró (2007) narrando lo que pudo ver cuando el
carpintero José Colet le enseñó –después de la guerra civil- las celdas del
convento de Sanjuanistas:
Para
bajar a las celdas de castigo y de tortura tomamos una escalera de ladrillo,
gastada, fría, llena de esa humedad de los sótanos, continua y pegajosa. El
carpintero nos señala una argolla de hierro que cuelga del techo, en la primera
celda que encontramos. De aquí colgaban por un pie al que querían hacer declarar.
Lo suspendían cabeza abajo y colocaban debajo un recipiente lleno de agua de
forma que al martirizado le entrase hasta la nariz en el agua. En esta postura,
dos o tres esbirros lo golpeaban con largas correas hasta que perdía el
conocimiento.
Al
lado de esta celda hay otras más pequeñas, bajitas, con el suelo lleno de
ladrillos verticales, colocados en forma de “T” y que impiden no sólo echarse
sino sentarse y pasearse dando pequeños saltos o con los pies torcidos. No
tenían cama y sólo un asiento de un metro de alto en la pared, también
inutilizable porque está inclinado y liso y solamente se podría uno mantener a
fuerza de flexión de brazos. En esta celda los encerraban desnudos y descalzos,
y con escasa alimentación. Hay otras donde tienen una cama, inclinada de tal
forma que es imposible echarse sin caerse al suelo y para evitar cualquiera
posibilidad de que se queden echados. El cemento está rayado, agrietado y lleno
de aristas. Los ladrillos verticales en el suelo obligan al preso en todas
estas celdas a que permanezcan de pie o apoyados contra la pared. Están
fuertemente sujetos con cemento y en alguno se aprecia la señal de la bota del
que ha querido encontrar un sitio para descansar.
Están
construidas en un pequeño sótano abovedado donde el eco es fantástico y
cualquier ruido produce un malestar inexplicable. Ya lo sabían los verdugos. En
una repisa de la pared, presidiendo el sótano como un dios de torturas, un
metrónomo al que le daban cuerda, contaba segundo a segundo el tiempo que
tenían que sufrir los presos el suplicio de no poder dormir ni descansar.
Todos
los que han estado detenidos, o al menos encerrados en una habitación, por la espera
o la enfermedad, saben cómo se mira el reloj, como se calcula el tiempo
transcurrido y el que nos queda. Causa horror pensar en unos hombres, desnudos,
con un frío espantoso, sin poderse sentar ni echar, sin comida, andando a
pequeños saltos, encerrados días y días y sometidos al tac-tac monótono y
rítmico del metrónomo.
Aquí
tuvieron encerrado al pobre carpintero que nos habla de las cuatro palizas que
le dieron unos hercúleos guardianes. Si se desmayaban en mitad del suplicio,
los reanimaban con agua fresca, les dejaban descansar y volvían a golpearles
hasta obtener la declaración que querían.
Las
checas en España fueron siendo cada vez más fieles al funcionamiento de las
mismas en la URSS. En este país “la Cheka llegó a establecer un manual de
tortura en el que se indicaba el uso de ratas para destrozar el recto y los intestinos
del detenido y forzar sus confesiones (Vidal, 2003, p. 38).
Para
que la información de Ana Azanza a sus alumnos sea más ecuánime, además de
informarles sobre los “internados del miedo” podrá incluir información sobre
las checas (aparte de los otros dos temas que trato a continuación); no sea que
acaben creyendo que los dirigentes del Frente Popular eran siempre unos
angelitos.
II. ACTUACIONES CONTRA UN RÉGIMEN
REPUBLICANO CON DEMOCRACIA PARLAMENTARIA,
POR PARTE DEL LÍDER SOCIALISTA-ESTALINISTA LARGO
CABALLERO
1. Agosto de 1933: el líder socialista Largo
Caballero defiende su ideal de un gobierno de dictadura totalitaria al estilo
de Lenin
Un sector del Partido Socialista Obrero
Español –el PSOE–, concretamente el liderado por Largo Caballero, a quien sus
entusiastas seguidores denominan el “Lenin español”, manifiesta su creciente
desinterés y malestar respecto a una democracia parlamentaria. Otro líder del
PSOE, Julián Besteiro –que había sido el sucesor del fundador Pablo Iglesias en
la presidencia del partido, aunque se sentía vinculado a la ideología marxista,
no compartía la postura de Largo Caballero. Decidió ser fiel a la legalidad democrática
parlamentaria. Stanley Payne, como ya he dicho, uno de los principales
historiadores anglosajones especializados en nuestra historia contemporánea,
señala la capacidad seductora que ejerció la revolución rusa sobre un sector de
políticos españoles de izquierdas.
La izquierda se sentía cada vez más atraída
por el espejismo de la revolución, en parte tal y como venía representada por
la revolución bolchevique y la Unión Soviética, y aunque los anarquistas
marchaban a su propio ritmo, los socialistas y otros grupos marxistas se
sentían más próximos al ideal leninista (aunque no siempre les convenciera) y,
al mismo tiempo, estaban lo bastante alejados de la macabra realidad soviética
como para no acabar desencantados (Payne, 2006, p. 22).
Resulta difícil comprender esta capacidad
seductora de la URSS, a pesar de que ya desde aquellos años iba llegando
información sobre la brutalidad con que se practicaban torturas físicas y
mentales y asesinatos masivos por los revolucionarios dirigidos por Lenin y, posteriormente,
por Stalin. Me merecen especial autoridad las confesiones de un historiador
ex-estalinista como Pío Moa:
No sólo los burgueses, también los
obreros, y aún los revolucionarios, fueron sacrificados a cientos de miles o a
millones, o esclavizados en campos de concentración, y pueblos enteros
deportados o condenados a una vida lóbrega bajo un poder absoluto. Ello ocurría
en Rusia en los años 30 y era conocido en España –aunque no en todos sus
detalles– y en el mundo. Cuando en 1956 el líder soviético Jrúschof condenó los
crímenes de Stalin, no descubrió nada nuevo, y menos a sus oyentes, altos jefes
partícipes en las atrocidades. Lo nuevo era que éstas aparecían por primera vez
como crímenes, y no como actos justificados por la necesidad revolucionaria (Moa,
2002, p. 141).
Pero para percatarse más claramente de la
postura defendida por Largo Caballero, como socialista prosoviético, pienso que
lo mejor es recoger ejemplos de declaraciones suyas escritas u orales cuya
autenticidad es comprobable consultando en bibliotecas o hemerotecas, y en el
archivo del PSOE.
Parece que asombra a algunas personas, e
incluso a correligionarios nuestros, que se hable de la conquista del poder por
la clase trabajadora. Lo que sucede es que hemos estado algunos años hablando
un poco veladamente de lo que era nuestra aspiración […] Nuestro partido es, ideológicamente,
tácticamente, un partido revolucionario […] (y) cree que debe desaparecer el régimen [de República democrática
parlamentaria] (Largo Caballero: Discursos
a los trabajadores. Barcelona: Fontamara, 1979, p. 94, Cit. En Pío Moa,
1999, p. 179).
Veamos las declaraciones de Largo Caballero en
el XIII Congreso del Partido, manifestando su disposición a romper con la
legalidad, siendo él ministro en 1932:
El Partido socialista no es un Partido
reformista […] cuando ha habido necesidad
de romper con la legalidad se ha roto, sin ningún reparo y sin escrúpulo. El
temperamento, la ideología y la educación de nuestro partido no son para ir al
reformismo.
Cuando acababa de ocupar su puesto de ministro
de trabajo declaró a Diaz Aler, compañero en ese gobierno, lo siguiente:
Ustedes no saben que tenemos que acabar con el
mito de la República […]
nosotros tenemos que hacer nuestra revolución (Largo Caballero: FPI, XII
Congreso del PSOE, p. 452. El Socialista, 16-08-33. Cit. En Pío Moa, 1999, p. 237).
2. Septiembre a Noviembre de 1933: crisis de
gobierno. Nuevas elecciones, y espectacular derrota de todos los partidos de
izquierdas
El presidente de la República, Alcalá-Zamora,
decide el apartamiento de Azaña como jefe de gobierno y su sustitución
provisional durante unos pocos meses, por Alejandro Lerroux, líder del Partido
Radical. Mientras tanto, el PSOE decide públicamente su ruptura con los
republicanos. A continuación, es llamado Martinez Barrio a presidir otro
posterior gobierno provisional, con el encargo principal de preparar las nuevas
elecciones.
El resultado de las elecciones de noviembre de
1933 es una abrumadora victoria del nuevo partido democrático de derechas, la
CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), precedido con poca
diferencia por el Partido Radical de Lerroux, que en ese momento puede
considerarse de centro. Sus violentos radicalismos del tiempo de la Semana
Trágica habían sido definitivamente abandonados por Lerroux hacía años. Sobre
8,7 millones de votantes, entre el total de partidos de izquierdas integrados
en el anterior parlamento y gobierno alcanzaron sólo 3 millones de votos; y
entre la CEDA (de derecha) y el Partido Radical (de centro), 5 millones. Aparte
estaba la extrema derecha junto con los fascistas y los monárquicos, con
770.000; y los grupos comunistas, con 190.000.
Una muy discutible ley electoral que había
sido promovida por el presidente Azaña, con la intención de que en el futuro
quedaran proporcionalmente más favorecidos en el Parlamento los partidos
mayoritarios, a quienes acabó favoreciendo fue paradójicamente a la coalición
de centro-derecha. Las consecuencias respecto al número de escaños fueron:
-
Los socialistas pasaron de 113 a 60.
-
Los restantes partidos de izquierdas, de 140 a
38 (concretamente, el partido de Azaña pasó de 26 a 6 escaños).
-
La CEDA obtuvo 115 escaños cuando en la
anterior legislatura el conjunto de partidos de derechas sólo lograron entre 44
y 51 según estimaciones.
-
El Partido Radical de Lerroux (centro) subió
de 90 a 140.
Estos resultados imprevistos para mayoría de
los políticos de izquierdas eran la consecuencia de la pésima impresión que a
mayoría de la población había provocado su forma de gobernar en menos de dos
años.
3. Noviembre de 1933: diversos políticos de
izquierdas deciden rechazar el resultado de las urnas
En sus memorias, el presidente de la república
escribe lo siguiente:
Nada menos que tres golpes de Estado se me
aconsejaron en 20 días. El primero […] a
cargo de Botella, el ministro de justicia, quien propuso la firma de un decreto
anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordon Ordás,
ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas Cortes […] Pocos días más tarde Azaña, Casares y
Marcelino Domingo dirigieron a Martinez Barrio, presidente del Consejo, una
carta de tenaz y fuerte apremio […]
en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se trasparentaba
clarísimo, a pesar de lo cual, en aquella ocasión, Martinez Barrio no cedió,
cumpliendo su deber oficial, quizá no con agrado, pero sí con firmeza, al ver
también la de mi actitud (Alcalá Zamora, 1999, pp. 203s.).
Como una medida de prudencia, ante las
amenazas del socialista Largo Caballero contra el proyecto de un gobierno de
coalición entre la CEDA y el Partido Radical de Lerroux, Gil Robles –líder del
partido de derechas– opta por la renuncia de su partido a ocupar ministerios, a
pesar de que tiene derecho a ocupar al menos la mitad. Sin embargo, pasados
unos meses, deciden hacerse cargo de tres ministerios, aunque Gil Robles no
ocupará ninguno.
4. Febrero de 1934: el socialista Largo
Caballero decide preparar la insurrección armada
Ya el 13 de noviembre de 1933, Largo Caballero
sorprende en el Parlamento con la siguiente declaración:
El jefe de Acción Popular decía en un discurso
a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos
conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues
bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos
sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e
iremos a la conquista del Poder (Declaración de Largo Caballero en el
Parlamento, Cit. En Pío Moa, 1999, p. 258).
Largo no tiene inconveniente en introducir el
término “guerra civil” al describir su proyecto de revolución:
La lucha ha quedado planteada entre marxistas
y antimarxistas […] y
eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta […] Vamos legalmente hacia la evolución de la
sociedad. Pero si no queréis [los burgueses], haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es
excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad [Estamos en plena
guerra civil] […] Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres
cruentos que, por fortuna o por desgracia, tendrá inexorablemente que tomar
(Largo Caballero: Discursos a los
trabajadores. Barcelona: Fontamara, 1979, p. 109, Cit. En Pío Moa, Los orígenes de la guerra civil española.
Madrid: Encuentro, 1999, p. 184).
Ahora bien, para poder llevar a cabo esa
revolución, cuyo inicio tendría lugar en Asturias –y para lo cual Largo ya
había logrado un trato con Stalin por el que se le enviaría abundante
armamento– era un requisito que el potente sindicato de la UGT se adhiriese a
ese proyecto. Mientras su dirigente fuese Julián Besteiro –que como ya dije
había sido el sucesor de Pablo Iglesias, fundador del Partido– esto no sería
posible.
Paradójicamente, fue Julián Besteiro (profesor
de filosofía y principal estudioso del marxismo entre los socialistas) quien
con más franqueza se opuso a la revolución violenta. Besteiro, que también
lideraba la Comisión Ejecutiva de la UGT, advirtió que España no era Rusia, que
una revolución en España habría de ser violenta en extremo, siendo probable que
fracasase, y que la “dictadura del proletariado” que invocaban los
revolucionarios resultaba un concepto anticuado
(Payne, 2006, p. 30).
De ahí que, frente a la fracción moderada del
PSOE, respetuosa con la legalidad de un régimen democrático parlamentario,
Largo –no sin la colaboración de otro líder: Prieto– se dedicase durante dos
meses a desprestigiar entre las masas socialistas a Julián Besteiro hasta
conseguir que fuese retirado de la dirección de la UGT y sustituido por él
mismo. A partir de aquí, este sindicato, junto a las Juventudes Socialistas,
representaría el sector radical del socialismo español.
La historia posterior ha podido demostrar las
trágicas consecuencias que provocó en el país la marginación del más valioso de
los líderes socialistas, Besteiro, y el grave daño que ocasionó a los ideales
de su partido.
Mientras tanto, tuvieron lugar abundantes
acciones desestabilizadoras como intento de desprestigiar la imagen del nuevo
gobierno de centro-derecha.
En septiembre, poco antes de la intentona
revolucionaria, la CEDA llamó a otra concentración en Covadonga, y los
socialistas volvieron a sabotearla con huelgas, cortes de carretera y
ferrocarril, tiroteo contra automóviles, etc. Hay que señalar que la CEDA nunca
replicó en el mismo plano, y las reuniones y mítines monstruo de los
socialistas pudieron celebrarse con tranquilidad, y hasta con apoyo de las
autoridades (Moa, 1999, pp. 250s.).
5. Octubre de 1934: Revolución de Asturias
contra el gobierno republicano legítimo
Es en octubre de 1934, al integrarse por fin
en el gobierno tres ministros de la CEDA, cuando Largo Caballero cumple sus
amenazas e inicia la revolución en unas quince provincias, aunque sólo tuvo
éxito en Asturias. Dos días después en Cataluña se rebela también la Generalitat bajo el mando de Esquerra Republicana. Los
revolucionarios, aparte de cuarenta asesinatos de sacerdotes y civiles
derechistas, ocasionaron graves daños materiales con incendios de obras de
arte, bibliotecas, etc. Al final, una vez que el ejército republicano logró
contener la revuelta, había un saldo de 1.500 personas muertas, la mayoría
revolucionarios. Merece la pena tomar nota de las declaraciones de dos
historiadores relevantes, siendo el segundo Salvador de Madariaga, prestigioso
historiador republicano exiliado.
Todos los grandes historiadores, tanto si se
sitúan en la izquierda como en la derecha, están de acuerdo en que la gran
insurrección revolucionaria de 1934 significó el inicio de la violenta
polarización que, dos años después, explotaría en la Guerra Civil española. A
partir de entonces la polarización fue aumentando cada vez más, avanzando inexorablemente
paso a paso hasta llegar, como si de una tragedia griega se tratara, a su
desenlace final. El 70º aniversario de la insurrección constituye, por lo
tanto, un momento muy adecuado para volver la vista atrás e intentar comprender
el papel que la insurrección de 1934 desempeñó en la caída de la República
democrática (Payne: Prólogo, en Moa, 2004, p. 17).
Con la rebelión de 1934, la izquierda española
perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936 (De
Madariaga, Cit. En Moa, 1999, p. 268).
Largo Caballero trató de ocultar ante el
gobierno republicano –en contra de sus abundantes declaraciones anteriores en
discursos y artículos– que él hubiese sido el promotor de la insurrección y
pretendió atribuirla a una reacción popular espontánea, en vistas a reducir al
mínimo su tiempo de cárcel. En cambio los comunistas, que antes de la
revolución apenas significaban nada en España, prefirieron presentarse como los
que la protagonizaron, para ganar prestigio entre las masas populares. Así se
comprende esta declaración de la comunista Dolores Ibarruri:
¿Qué ha permitido la victoria temporal de la
insurrección sino (…) [que] en
Asturias (…) la agitación y la organización comunistas han penetrado más
profundamente? (…) ¿No se inspiraron [los rebeldes] directamente en el ejemplo de la revolución de octubre en Rusia?
(Ibarruri y otros, 1967, pp. 62 y 67. Cit. En Payne, 1992, pp. 119s.).
La consecuencia de esta diferente actitud
entre Largo –el “Lenin” español– y los comunistas fue el inicio del auge de la
influencia de éstos entre los políticos españoles de izquierdas. Aunque en el
caso de Largo, era evidente desde hacía años su admiración hacia el golpe de
Estado de Lenin que desencadenó la violenta revolución rusa. Algunos de los políticos
republicanos acabaron siendo como marionetas de Stalin y el Kremlin, lo que se
dio en su máxima expresión durante el gobierno de Negrín en los últimos años de
la guerra civil.
III. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA:
MEMORIA HISTÓRICA DE UN TABÚ
Una
parte importante de los protagonistas y líderes de la implantación de la
República se caracterizaron desde el principio por una posición
sorprendentemente hostil hacia la Iglesia católica, sólo equiparable a la que
se produjo en la Rusia de Lenin y de Stalin. Al mismo tiempo, desde Moscú se
influyó en la movilización de las masas populares españolas hacia una actitud
violenta contra los católicos.
1. Antecedentes
En
1909, en la denominada “Semana Trágica” de Barcelona, grupos descontrolados y
extremistas de izquierdas –anarquistas y radicales– incendiaron 112 edificios
religiosos. El origen fue debido al profundo malestar que se produjo cuando
Antonio Maura, presidente del consejo de ministros, tuvo que recurrir a los
reservistas del ejército para enviarlos a luchar en Marruecos a defender los
dominios africanos españoles. Se convocó una huelga general que en Barcelona
adquirió un carácter violento y revolucionario, con alzamiento de barricadas.
El ejército intervino, una vez declarado el “estado de guerra” y se restableció
el orden. Las consecuencias fueron más de cien muertos, y quinientos heridos.
Pero muchos ciudadanos cristianos –católicos– mayoría de la población, se
preguntaron ¿por qué han tenido que destruirse más de cien edificios
religiosos? Iban comprendiendo que se habían infiltrado en el descontento de
las masas, las interpretaciones marxistas de la religión como obstáculo para la
liberación del proletariado, aunque en los revolucionarios de Cataluña ejercían
mayor influencia las ideas de Bakunin, creador del movimiento anarquista.
La Semana Trágica fue un
revés para la idea de que podía establecerse gradualmente una democracia
parlamentaria: si las masas eran tal como se habían manifestado en 1909 –pensó
la clase política de la época– una democracia real acabaría con el desastre. En
lo sucesivo, los políticos evitaron las elecciones generales siempre que
pudieron, e intentaron organizar coaliciones entre los grupos de parlamentarios
que ya se encontraban en la legislatura (Thomas, 1979, Libro 1, tomo 1, p. 26).
2. La quema de templos, conventos, monasterios y
otros locales de la Iglesia
Los
días 11 y 12 de mayo de 1931, cuando no había pasado todavía un mes desde la
proclamación de la República, grupos probablemente anarquistas incendiaron unos
cien templos, principalmente en Madrid, Málaga, Cádiz, Murcia, Valencia y
Alicante. Fueron muchas también las obras de arte que quedaron destruidas por
el fuego, y una biblioteca de los jesuitas, de 80.000 volúmenes, en su
Residencia de la calle de la Flor, en Madrid, con obras de elevado valor.
Cuando algunos ciudadanos observaban la presencia de guardias civiles o
policías que permanecían pasivos ante estos incendios y les preguntaban por qué
no los impedían, éstos respondían que habían recibido la orden de no actuar.
El
ministro de la gobernación, Miguel Maura, que era católico –como también lo era
el presidente de la República, Alcalá Zamora, ambos figuras claves en la
instauración del nuevo régimen– escribió la discusión que tuvo lugar en el
consejo de ministros del día 11, declaración que también comunicó oralmente,
meses después, en un discurso pronunciado en el cine de la Ópera de Madrid, el
10 de enero de 1932.
El lunes día 11 de mayo,
llamé a los ministros uno a uno, les ruego que me dejen utilizar la guardia
civil. Todos me contestan que nos vamos a reunir a las diez y que hasta esa
hora no se haga nada. A las diez nos reunimos en la Presidencia. Vuelvo a
plantear el problema y siguen negándose a que se utilice la fuerza pública.
Cuando llega la noticia de la quema del convento de la calle de la Flor pido
que la Guardia Civil salga y reprima con energía. Entonces un ministro
pronuncia estas palabras: “Todos los conventos de España no valen la uña de un
republicano. Si sale la guardia civil, yo dimito. Por abrumadora mayoría el
gobierno se inclina hacia mi compañero. En aquel instante dimití yo. Dimití,
pero no me marché de la Presidencia. A las cuatro de la tarde, otra vez ante
los ministros, volví a insistir en mi dimisión explicando las consecuencias que
yo preveía de los sucesos. Se negaron a admitirme la dimisión. Redacté una
carta al Presidente en que razonaba mi actitud, y si decidí continuar fue aconsejado
por hombres de conciencia. A las doce de la noche, en el Ministerio de la
Guerra, los ministros convinieron en que era preciso que el poder público
volviera por su prestigio. Por la tarde se celebró Consejo de Ministros y mis
propuestas de represión quedaron aceptadas y se agregó una más, por iniciativa
del presidente: que, aún en estado de guerra, correspondía al ministro de la
Gobernación la dirección de orden público, ejerciendo la autoridad sobre los
militares… Aquella noche del 12 empecé a ser ministro de la Gobernación (Maura, cit. en Arrarás, 1956, tomo I, pp. 96s.).
Muchos
de los templos, conventos, monasterios, institutos y residencias religiosas
destruidos incluían centros de formación profesional para niños y adolescentes
hijos de obreros.
Convencidos una vez más,
los incendiarios de la facilidades y garantías que se les daban para su
satánica empresa, se apresuraron a repetirla en otros conventos. El de las
Vallecas, religiosas bernardas, que databan del siglo XVI, fue saqueado primero
y pasto de las llamas luego. Y como si la columna de humo que se alzaba en el
centro de Madrid fuese la señal, poco después ardían la iglesia de Santa Teresa
de los Carmelitas descalzos, recién construida en la plaza de España; el
colegio de Maravillas en la barriada de Cuatro Caminos, enorme edificio en el
que los Hermanos de la Doctrina Cristiana daban instrucción gratuita a
quinientos hijos de obreros; el convento de las Mercedarias de San Fernando,
donde recibían educación y acogida trescientas niñas pobres; la iglesia
parroquial de Bellas Vistas, también en la barriada de Cuatro Caminos; el
colegio de María Auxiliadora atendido por salesianas, amparador de niñas
pobres. La oportuna presencia del general don Luis Orgaz al frente de un puñado
de soldados ahuyentó a los incendiarios e impidió la destrucción del colegio
del Sagrado Corazón en Chamartín.
Desde primeras horas de la
tarde ardía el Instituto Católico de Artes e Industrias de la calle de Alberto
Aguilera, regido por los padres jesuitas, moderno centro de enseñanza, con
salas y museos de Mineralogía, Botánica, Física, Química y Electricidad, donde
se habían formado muchas promociones de técnicos, procedentes en su mayoría de
clases modestas: el certificado de estudios en el Instituto llamado de Areneros
se consideraba como título de capacidad y garantía técnica. Unas docenas de
maleantes perpetraron la agresión sin que nadie se lo impidiese. Es más, los
amotinados alejaron a pedradas a unas parejas de la Guardia Civil, que atraídas
por las llamas, se mostraban dispuestas a intervenir. Igual sucedió con los
bomberos. Muy cerca del Instituto se hallaba el cuartel de Húsares de la
Princesa. Su coronel, don Gabriel de Benito, formó el regimiento y dio parte al
capitán general de lo que sucedía. Por toda respuesta recibió la orden de que
el regimiento saliera en dirección contraria a donde ocurría el incendio, con
la prohibición de formar con sus tropas “por estar muy fichado”. De esta manera
se envalentonaba a los revoltosos y aumentaban los estragos (Arrarás, 1956, tomo I, pp.
80-81).
En
conjunto, como era de esperar, los católicos españoles tuvieron la sensación de
una actitud pasiva por parte de un gobierno que, aún estando en desacuerdo con
esos desmanes, sentía rechazo hacia la Iglesia por parte de todos los ministros
menos dos. La imagen que se dio en el extranjero no pudo ser peor, no sólo para
los cristianos, sino para cualquier ciudadano con madurez democrática. Imagen
que todavía resultó peor tras conocer, como veremos, algunos artículos de la nueva
Constitución. Y, por supuesto, un porcentaje importante de católicos –y otros
cristianos– que habían recibido la llegada de la República con profunda
alegría, quedaron gravemente defraudados. Es comprensible que, cuando llegaron
las elecciones de 1934, todos los partidos presentes en el primer gobierno
republicano (provisional y de coalición) menos uno experimentaran un
descalabro. La excepción fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux, de centro
izquierda, que había pasado de una actitud radical a una posición moderada.
Ganó con una mayoría aplastante el nuevo partido de derechas –la CEDA– de Gil
Robles. Al pactar coaligarse con el Partido Radical, para facilitar la
gobernabilidad, el socialista y leninista Largo Caballero organizó una
revolución armada –con armamento recibido del gobierno de Stalin– (la
revolución de Asturias), que llegó a llamar “guerra civil”, contra el gobierno
legal elegido por las urnas. Según el historiador Pío Moa (ex-estalinista y
ex-maoísta) –antiguo promotor del Partido Comunista Reconstituido (leninista) y
del Grapo– arrepentido tras investigar los documentos del archivo del PSOE, la
revolución de 1934 fue el verdadero comienzo de la guerra civil española. Sin
ella no hubiera tenido lugar, dos años después, el golpe de estado del general
Franco. Para poder llevar a cabo esta fracasada revolución de Asturias, Largo
Caballero tuvo que organizar una campaña contra Julián Besteiro, el líder de la
UGT –y sucesor de Pablo Iglesias en la presidencia del Partido– consiguiendo
que fuese destituido de su cargo en el sindicato y éste pudiese así implicarse
en la insurrección que Besteiro nunca aceptó por ilegal e injusta. Pero hay que
tener en cuenta que Largo Caballero –llamado por sus simpatizantes el “Lenin
español”– compartía plenamente el marxismo leninista-estalinista –y aspiraba a
que se implantase una dictadura totalitaria al estilo soviético– y con ello
defendía la necesidad de eliminar la religión y sus principales responsables. Y
Gil Robles, el ganador de las elecciones, era conocido como un laico cristiano
muy comprometido con la Iglesia. Largo Caballero era uno de los ministros del
primer gobierno, y el que puso más obstáculos para la intervención de la
policía en ocasión de los incendios.
Psicológicamente, la quema
resultó nefasta para la imagen del sistema republicano: para una buena parte de
la población, interesadamente o no, la causante o propiciadora de aquellos
desmanes fue la República y sus masas.
Es posible que la jerarquía
eclesiástica no fuera tan simplista, pero el católico de a pie y los católicos
del mundo entero lo entendieron así, y desde entonces constituyen un ejemplo
patente del anticlericalismo y del desorden imperante en la República.
Podría decirse que se trató
de una explosión de anticlericalismo callejero y violento. El gobierno no supo
o no quiso intervenir a tiempo: ¡la República era tan joven aún! ¿Cómo iban a
actuar del mismo modo que la Monarquía? (Laboa, 1985, p. 235).
Fueron
muchos los políticos y ciudadanos destacados –cristianos o ateos, españoles o
extranjeros– que manifestaron su indignación ante estos incendios y la
pasividad del gobierno. Refiriéndose a las consecuencias de ello el mismo
presidente de la República, Alcalá Zamora, reconoció que:
Para la República fueron
desastrosas: le crearon enemigos que no tenía; mancharon un crédito hasta
entonces diáfano e ilimitado; quebrantaron la solidez compacta de su asiento;
motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras
de los que como Holanda, tras haber execrado nuestra intolerancia
antiprotestante, se escandalizaban de la anticatólica (Alcalá Zamora: Memorias. Barcelona: Planeta, 1977, p.
185. Cit. en Cárcel, 1995, p. 56).
También
Lerroux, el líder del Partido Radical, declaró que estos incidentes habían constituido
“un crimen impune de la demagogia”
(Lerroux: La pequeña historia. Buenos
Aires, 1933. Cit. en ibidem).
3. El artículo 26 de la Constitución “invitaba a la
guerra civil”
La
expresión fue del mismo presidente de la República que escribió: “Se hizo una
Constitución que invitaba a la guerra civil” (Los defectos de la Constitución
de 1931, Madrid: 1936, p. 50. Cit. en Cárcel, 1955,p. 59). También el filósofo
Ortega y Gasset, uno de los llamados “padres de la República” se expresó en la
misma línea, a pesar de su posición atea o agnóstica.
Esa tan certera
Constitución ha sido manchada con unos cuantos cartuchos detonantes
introducidos arbitrariamente en ella […] El artículo donde la Constitución
legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de
aquellos cartuchos detonantes
(Ortega y Gasset: Obras completas, XI, p. 418. Cit. en Cárcel, 1995, p. 59).
Veamos
esquemáticamente su contenido anticatólico:
La
constitución española de 1931, en ocasión de la Segunda República, aprobó
artículos que suponían una posición de claro ataque a los derechos de la
Iglesia Católica, especialmente en el contenido del artículo 21; artículos que
han sido posteriormente considerados como sectarios y partidistas, y que sorprendieron
en las democracias europeas. Debe tenerse en cuenta que sobre 460 diputados
sólo votaron a favor 178 –menos de la mitad–, y 59 en contra. Los restantes se
abstuvieron o estuvieron ausentes. Entre los contenidos de ese artículo
estaban:
a)
Disolución de los jesuitas y de “las órdenes religiosas peligrosas para el
Estado”.
b)
Inscripción de las demás en un registro especial del Ministerio de Justicia.
c) Los
bienes de la Iglesia y de las congregaciones podrán ser nacionalizados.
d) Las
Congregaciones religiosas además de la prohibición de ejercer en la industria y
el comercio tendrían prohibido enseñar.
Respecto
al punto a):
El decreto de disolución
apareció en la Gaceta el 24 de enero de 1932. Los religiosos y novicios
debían cesar su vida en común a partir de los diez días de la publicación y no
podían reunirse en un mismo domicilio. Los bienes de la Compañía pasaban a ser
propiedad del estado, que los destinaría a fines benéficos y docentes. Se
creaba un patronato que formalizaría el inventario de bienes y los
administraría, elevando al Gobierno propuestas para su destino (Laboa, 1985, p. 238).
Anteriormente
a estos sucesos, recién instaurada la República, se habían producido: a) la
secularización de los cementerios; b) la privación de derechos civiles a la
Confederación Nacional Católico-Agraria, por el hecho de ser católica; c) la
prohibición a los gobernantes de provincias de tomar parte con carácter oficial
en actos religiosos.
A menudo los obispos no se
quejaron tanto por las disposiciones cuanto por la vulneración del concordato
sin conversaciones previas. Lo que realmente sorprendía y hería los
sentimientos era el talante y la aparente ligereza con que se tomaban las
diferentes medidas (Ibidem, pp. 234s.).
Hay
que tener en cuenta que a pesar de este clima hostil del gobierno republicano
hacia los católicos, la Iglesia aceptó con claridad el nuevo sistema
constituido.
El 24 de abril, el nuncio
Tedeschini enviaba, con las instrucciones de Roma, una nota a los obispos
españoles en la que les comunicaba “ser deseo de la Santa Sede recomiende a los
sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los
poderes constituidos y los obedezcan para el mantenimiento del orden y del bien
común”. Los pronunciamientos episcopales fueron abundantes. El arzobispo de
Valencia, el obispo de Sigüenza, el de Zamora y tantos otros consideran que “es
un deber acatar la nueva forma de Gobierno”; los obispos de Ávila y Oviedo
prometen obediencia ejemplar a las autoridades del poder constituido; el de
Palencia insiste en que las formas de gobierno son accidentales y que a la
Iglesia le tiene que dar igual; […] (Ibidem,
p. 242).
4. Persecución, torturas y asesinatos de laicos
cristianos, religiosos, sacerdotes y obispos
Según
los datos de la obra más documentada (A. Montero, La persecución religiosa en España, Madrid, 1961), fueron
asesinados:
·
12
obispos (=20% de los existentes).
·
4.184
sacerdotes (=13%)
·
2.3665
monjes (=12%)
·
283
monjas
Tuvieron
lugar torturas morbosas, por ejemplo: encerrar en un corral lleno de toros de
lidia y una vez inconsciente cortarle las orejas, hacer tragar un crucifijo,
hacer vivir los pasos de la pasión de Jesucristo a base de corona de espinas,
latigazos y crucifixión, etc. El tratarse de sacerdotes o religiosos dedicados
al servicio social y espiritual de clases sociales trabajadoras, marginados,
etc., no les dispensó de esta persecución.
Muchos
historiadores extranjeros, se trate de cristianos o de agnósticos, manifiestan
su extrañeza y profunda decepción ante esta actitud de intolerancia hacia la
religión, sólo por el hecho de que la Iglesia española se hubiese caracterizado
por un predominio de conservadurismo o incluso integrismo, en comparación con
el resto de Europa. La hipótesis de la manipulación de los grupos
descontrolados, desde las calumnias y directrices desde Moscú, puede ser una
explicación posible.
A la
vista de estas actuaciones, consentidas o apoyadas por gobiernos de izquierdas,
puede comprenderse que los católicos acrecentasen sus recelos hacia esas
posiciones políticas. Una vez que éstas abandonaron su hostilidad y partidismo,
los católicos han recuperado su espontáneo pluralismo.
Durante la República y la
guerra, los políticos revolucionarios, que generalmente eran ateos o
agnósticos, y desde luego anticlericales, fueron los responsables ideológicos
de la gran persecución contra la Iglesia, aunque los hechos más execrables
fueron realizados materialmente, en la mayoría de los casos, por delincuentes
comunes o por militantes de los partidos políticos y sindicatos más
extremistas. Pero la responsabilidad moral fue de los dirigentes políticos que
pusieron en libertad a muchos de dichos
delincuentes y éstos a su vez fueron ejecutores fieles de consignas recibidas.
En toda la zona republicana el culto público estuvo prohibido durante casi tres
años. Ningún templo permaneció abierto y ninguna ceremonia religiosa pudo
celebrarse […]
La Iglesia no existió
oficialmente en el territorio republicano desde el 18 de julio de 1936 hasta el
final de la guerra, pero se organizó en la clandestinidad. Los eclesiásticos
fueron asesinados sencillamente por lo que eran […]
Ninguno de ellos estuvo
jamás implicado en luchas políticas ni intervino en ellas.
Y esto no tiene nada que
ver con la brutal represión que los nacionales desencadenaron en su zona al
ejecutar a los que eran de izquierdas –socialistas, comunistas y anarquistas–
ni con la despiadada represión de la zona roja, en la que fueron eliminados
elementos de derechas –falangistas, tradicionalistas, monárquicos– y quienes
eran considerados sencillamente de derechas. Esto se denomina sencillamente
represión política y aquello es persecución religiosa. A las cosas hay que
llamarlas por su nombre, y no favorece a
nadie –y desde luego no favorece a la verdad– fingir que se ha olvidado lo que
ha ocurrido, las responsabilidades que ha habido en el pasado y las críticas
que deben hacerse para esclarecerlo (Cárcel, 1995, pp. 28s.).
Un documento imparcial
–por tratarse de un ministro del gobierno republicano– es el que ofreció el
ministro Manuel de Irujo informando sobre los desmanes contra la religión y la
Iglesia, que ya en los seis primeros meses de la guerra civil se produjeron, con
el consentimiento del gobierno del Frente Popular, en los territorios bajo su
control. Al tratarse en este caso de un político católico, debió de sentirse
obligado en conciencia a rebelarse contra lo que su equipo de gobierno estaba
consintiendo o, tal vez, fomentando. Este político, a diferencia de otros
compañeros de Partido Nacionalista Vasco, se había pronunciado públicamente
contra la rebelión militar, el 18 de julio de 1936. Entre septiembre de 1936 y
agosto de 1938 fue ministro durante los gobiernos de Largo Caballero
(socialista pro-soviético y partidario de una “dictadura del proletariado”) y
Negrín (simpatizante de Stalin). De mayo a diciembre de 1937, Irujo se encargó
del ministerio de Justicia. Es comprensible que en el Memorandum que presentó el 9 de enero de 1937, publicase lo
siguiente:
“La situación de hecho de la
Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el
vasco, es la siguiente:
a) Todos los altares, imágenes
y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los
más con vilipendio.
b) Todas las iglesias se han
cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.
c) Una gran parte de los
templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.
d) Los parques y organismos
oficiales que recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros
objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para
fines industriales sus materiales.
e) En las iglesias han sido
instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles,
refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo –los organismos
oficiales que los han ocupado– en su edificación obras de carácter permanente…
f) Todos los conventos han
sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios,
objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados,
ocupados y derruidos.
g) Sacerdotes y religiosos han
sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por
miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la
población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en
las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por
cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de
sacerdote o religioso.
h) Se ha llegado a la
prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La
policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las
habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y
violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto ser
relaciona o lo recuerde.”
El cardenal arzobispo de
Tarragona, que se hallaba refugiado en Italia y fue invitado por el gobierno
republicano en 1938 para que regresara a su diócesis, dijo:
“¿Cómo puedo yo dignamente
aceptar tal invitación, cuando en las cárceles continúan sacerdotes y
religiosos muy celosos y también seglares detenidos y condenados, como me
informan, por haber practicado actos de su ministerio, o de caridad y
beneficencia, sin haberse entrometido en lo más mínimo en partidos políticos,
de conformidad a las normas que les habían dado?
Los fieles todos, y en
particular los sacerdotes y religiosos, saben perfectamente los asesinatos de
que fueron víctimas muchos de sus hermanos, los incendios y profanaciones de
templos y cosas sagradas, la incautación por el Estado de todos los bienes
eclesiásticos y no les consta que hasta el presente la Iglesia haya recibido de
parte del gobierno reparación alguna, ni siquiera una excusa o protesta” (Cárcel, 2003, pp.
404s.).
IV. ACONTECIMIENTOS
QUE ME DEFRAUDARON RESPECTO AL PSOE
Durante
mi primera infancia, viví las tres siguientes experiencias dolorosas:
·
Mi
tío-abuelo León Formiguera (un cirujano de prestigio, que fue denunciado
-recién acabada la guerra- de poseer carnet del PSOE) fue fusilado bajo el
gobierno franquista por este hecho.
·
Mi
tío abuelo segundo, Manuel Carrasco i Formiguera, uno de los fundadores del
partido nacionalista Unió Democrática de Catalunya, fue igualmente condenado a
muerte después de la guerra civil.
·
Mi
hermano, alrededor de 1954, bajo el régimen franquista, fue condenado a dos
años de cárcel –posteriormente reducidos a seis meses- y a no poder continuar
sus estudios universitarios, a causa de haber promovido el primer grupo con
jóvenes estudiantes que reclamaban libertad de prensa, de asociación, de
expresión, y de reunión.
Pero
yo no quiero recordar sólo las actuaciones violentas e injustas de uno de los
bandos, porque la que mayor sufrimiento me causó fue la muerte por asesinato de
mi padre, cuando yo tenía cuatro años, a manos de anarquistas del Frente Popular
(tratados con la habitual benevolencia por parte del presidente Companys, en
cuyo gobierno había dos o tres de ellos), dejándole abandonado en la carretera,
expuesto como un espantapájaros a la vista de los transeúntes, con un cartel
amenazador. De haber recibido con
ilusión la República, había quedado totalmente defraudado por las actuaciones
descontroladas del gobierno del Frente Popular que consentían las actuaciones
señaladas en los apartados anteriores, que eran objeto de crítica por parte de
mi padre y de temor ante la amenaza de quema del convento en que residía una
hermana suya religiosa, que tuvo que huir a Francia.
Desde 1975 hasta hace tres o cuatro años
–probablemente hasta 2004– después de votar tres o cuatro veces a Suárez, en
casi todas las sucesivas elecciones generales, autonómicas y municipales, voté
al PSOE (unas quince veces, en las diferentes elecciones), lo que no
significaba que estuviese de acuerdo con todas sus actuaciones políticas. Hace
unos cuatro años ya no le voto, por varias razones. En concreto son éstas: 1ª El modo como se ha
entendido y aplicado la denominada “ley de la Memoria Histórica”. 2ª No haber
logrado –tras muchos años ejerciendo el gobierno- tomar medidas eficaces para que
disminuya más el fraude a Hacienda. Durante todos estos años en los que se
mantenía la obligación de declarar los bienes patrimoniales, llegaron a
producirse los siguientes porcentajes de ocultación: a) del 86% de los bienes
superiores a los diez millones de euros; b) del 45% de los bienes entre un y
diez millones de euros; c) del 18% de los bienes entre medio y un millón de
euros. 3ª No establecer que los gastos
por servicios de profesionales liberales desgraven, con lo que se contribuiría
a disminuir la generalizada ocultación en la declaración de la renta de dichos
profesionales. Con ello se da pie a que
los que tenemos como norma declarar todo tengamos a veces la sensación de estar
“haciendo el primo”. Y 4ª Haber
permitido que se boicoteasen en medios de comunicación posibles intervenciones
del historiador Pío Moa, ex-comunista estalinista, pero actual crítico de los
errores de políticos de la República.
Pero la razón principal ha sido la primera: la forma de llevar a cabo la
denominada Ley de la Memoria histórica. El absoluto silencio sobre los graves
errores y, a veces crímenes, promovidos por políticos republicanos, entre ellos
el exaltado psosoviético Largo Caballero, lo he vivido como una grave
injusticia. La campaña de publicidad a través de programas de televisión y de
medios de comunicación transmitiendo una idea maniquea sobre la admirable
bondad de un bando, y la perversa maldad del otro, lo percibo como una
intolerable falta de objetividad y de honradez. Asimismo, cierta campaña para
desacreditar los aciertos –reconocidos internacionalmente– de la forma de
haberse llevado a cabo la “transición democrática”. Que se haya querido
homenajear más de una vez a los ya hoy ancianos, que participaron en las
brigadas internacionales, puede considerarse aceptable si se considera que una
parte de ellos se implicaron motivados por ideales nobles. Pero es ya hora de
dejar claro que una parte de ellos estaba engañada, y la otra parte mentía,
cuando afirmaban emocionados que venían a luchar para la recuperación de la
libertad. Es hora de revelar que el inventor, promotor y asesor militar de esas
brigadas fue Stalin y su equipo de gobierno, y su aspiración era conseguir
implantar en nuestro país un régimen totalitario al estilo de la URSS y de
todos los países satélites que tuvieron luego que padecerlo durante cerca de un
siglo. Y que los que presentaron resistencia fueron aplastados por los tanques
rusos, conducidos a los durísimos campos de trabajo –los gulags– y asesinados. La calificación de los brigadistas como
“voluntariado de la democracia” constituye uno de los mitos más paradójicos de
la guerra civil y de la “memoria histórica”. William Herrick, un escritor
americano combatiente de las brigadas, reconoció en sus escritos que prevaleció
claramente la fidelidad a Stalin y al Partido Comunista por encima de los
ideales que, en principio, compartían con los comunistas españoles del POUM y
con los anarquistas, a quienes no perdían ocasión para despreciar.
La gran mayoría de las brigadas estuvieron
dirigidas por oficiales soviéticos –aunque no rusos, para despistar–
disfrazados de voluntarios. Se dio un número importante de ejecuciones de
aquéllos que no se sometiesen a la disciplina y adoctrinamiento político,
aparte de que se les obligaba a entregar sus pasaportes, que pasaron a ser de
gran utilidad para el servicio soviético de espionaje (el NKVD).